Los vecinos del bloque okupado de Arroyo protestan: «Vivimos con miedo»

Los afectados se quejan de que el valor de sus viviendas se está devaluando de forma «masiva» y de que la convivencia es muy complicada. Aseguran que el edificio y las zonas comunes están «totalmente destrozadas» lo que les obliga a tener que afrontar unos elevados gastos de seguridad y mantenimiento. Exponen también que las inmediaciones se encuentran «repletas de basura» y en situación de «insalubridad» y que algunos de los okupas se están conectando de forma ilegal a los servicios de electricidad, agua y gas, con el peligro que ello conlleva.

«Los vecinos están viviendo en una situación de inseguridad y desamparo muy grande. Se sienten vigilados, intimidados y no pueden vivir a gusto en sus casas. Tampoco se pueden irse tranquilos unos días por el miedo de encontrárselas ocupadas a la vuelta», explica Alberto González, administrador de esta comunidad de vecinos.

También critican que Sareb gestiona alquileres sociales a personas que han ocupado pisos y que en algunos casos «incumplen el objeto social». Se sienten abandonados por las instituciones y consideran que la okupación masiva está siendo consentida por las autoridades competentes. «La lentitud que está teniendo la Sareb, sumada a la lentitud de la justicia y el amparo que estas actuaciones tienen en la legislación vigente, hace que esto se dilate en el tiempo. El Gobierno de España debe tomar las medidas oportunas para solucionar este problema», añade González.

La comunidad Arroyovereda tiene piscina, pista de pádel, zona infantil, vigilante nocturno, conserje de día y mantenimiento. Los vecinos han decidido cerrar la piscina para evitar más destrozos y conflictos con los okupas. «Se ha contratado seguridad privada y se trata de mantener los elementos comunes como buenamente se puede, pero es muy complicado porque a la hora de dar cualquier parte al seguro es muy difícil acceder porque los okupas no nos quieren abrir», añade Almudena Acebes, quien también se encarga de la administración de la comunidad.

Los ánimos entre los vecinos están «por los suelos». Durante la concentración muchos portaban pancartas en las que se podía leer «Los vulnerables somos nosotros», «Ser delincuente se premia», «Los okupas son delincuentes no familias vulnerables» o «Okupas protegidos, vecinos indefensos». Sienten que sus viviendas valen cada vez menos y aseguran que a algunos de ellos esta situación les está generando graves problemas de salud con ingresos hospitalarios incluidos, según señala una vecina.

Isabel (nombre ficticio) es una de las propietarias. Compró el piso en 2009 con la mayor de las ilusiones. Era su sueño cumplido, sin embargo, hace dos años, ese sueño se tornó en pesadilla. «Estamos abandonados por parte de las instituciones. Es una vergüenza que un edificio como el nuestro tenga todavía 40 viviendas ocupadas. Las ocupaciones se van rotando, con lo cual, los desahucios, son prácticamente imposibles de llevar a cabo. Son gente conflictiva, sucia y que nos está provocando grandes derramas», comenta esta afectada. «La ley tiene que cambiar porque no protege al pequeño propietario ni a las familias. No sólo están ocupadas las viviendas, también las plazas de garaje y los trasteros. Estamos en una situación de indefensión terrible y lo más grave es que tampoco podemos vender nuestras viviendas a un precio razonable de mercado. Hemos invertido aquí nuestros ingresos y nos están dejando tirados. Aquí hay gente peligrosa, que está armada, que mueve sustancias ilegales y que perjudica nuestra convivencia. Ocurren siniestros en el garaje y encima nos ponen notas amenazando con que si denunciamos nos matan. No podemos enfrentarnos a gente que tiene armas. En el bloque tenemos a nuestros niños, abuelos… y estamos muy asustados. Estamos cerca de que ocurra lo mismo que ocurrió en Santovenia, donde mataron a un guardia civil», añade.

Eva, también nombre ficticio, es otra de las vecinas que se concentraron el lunes en Arroyo. Ella se trasladó desde la provincia de León hace 14 años a este edificio de Arroyo. Le parecía el mejor lugar para ver crecer a su familia. «Tengo una hija de 18 años y me da miedo que venga sola a casa en autobús. Antes vivíamos muy felices aquí. Era una comunidad muy tranquila pero ahora es peligrosa. Tiran las basuras a la calle, abren los coches… Estamos inseguros, pero con lo que nos ha costado el piso no podemos malvenderlo», comenta.

Entre los afectados estaba también una pareja que compró el piso hace un año y medio, cuando el bloque ya estaba ocupado. Ellos no sabían nada y se sienten engañados. «El antiguo propietario y la inmobiliaria no nos dijeron nada. Es muy doloroso que después de todo el esfuerzo que hemos hecho por comprar una vivienda, luego nos encontremos con esto. Los okupas de nuestra comunidad no son familias vulnerables. Tienen cochazos y mucho dinero. Los vulnerables somos nosotros», comentan.

Allí, con los vecinos afectados estaba Sarbelio Fernández, alcalde de Arroyo de la Encomienda quien mostró su preocupación por esta irregular situación. «La inactividad del Gobierno provoca estas situaciones que al final repercuten muy negativamente en los vecinos. La convivencia en esta urbanización está siendo muy difícil y desde el Ayuntamiento estamos haciendo todo aquello que podemos dentro de nuestras competencias. Estamos con los vecinos. Ellos han elegido Arroyo para vivir y para formar su proyecto de vida, pagan sus hipotecas, madrugan, trabajan y ahora se ven gravemente perjudicados por algo que el Gobierno central debería solucionar. No queremos okupas en Arroyo de la Encomienda», recalca el regidor arroyano.