Los taxistas de Arroyo, otro año sin soluciones ante las fiestas de San Antonio

A las puertas de las fiestas de San Antonio de Padua, que cada junio convierten a Arroyo de la Encomienda en uno de los puntos neurálgicos de la provincia, los taxistas del municipio se preparan, un año más, para unos días de auténtica locura en los que las seis licencias de taxi que hay en la actualidad, no pueden cubrir toda la demanda nocturna de las fiestas, especialmente tras los conciertos y encierros.

Éste no es un problema nuevo, aunque se agrava año tras año. El sector denuncia el abandono institucional al que está sometido y exige una ordenanza definitiva que regule el servicio en los pueblos del alfoz y en la capital como una única área de trabajo. «Vamos a estar desbordados, como siempre», afirma Jonathan Benavente, taxista de Arroyo. «Llevamos años pidiendo una regulación que nos permita operar de forma conjunta en los municipios del alfoz y en Valladolid. Pero seguimos atados de pies y manos por una normativa de 2005 totalmente obsoleta», añade.

Desde que en 2022 se anulara por segunda vez la ordenanza que trataba de actualizar el sistema de prestación conjunta entre Valladolid y los pueblos del entorno, el sector ha vuelto a depender de una normativa que impide a los taxis de la capital recoger pasajeros en municipios como Arroyo… y viceversa. Esto, en la práctica, significa que un taxi que deja a un cliente en la zona comercial de Río Shopping debe regresar de vacío, sin poder recoger a nadie en la parada. Lo mismo ocurre en sentido inverso, cuando los taxistas de Arroyo llevan usuarios a la estación o al centro de la ciudad. «Es una situación ilógica y del todo injusta», explica Benavente. «Los usuarios no entienden por qué no pueden subirse a un taxi que tienen delante, sólo porque es de otro municipio. Y en días como los de San Antonio, eso genera enfrentamientos, confusión y saturación».

La situación no es nueva, pero sí cada vez más desesperante. La Asociación de Taxis de Arroyo y Pueblos, en coordinación con otras agrupaciones del sector, entregó a la Junta de Castilla y León un borrador consensuado de una nueva ordenanza que permitiría la prestación conjunta de servicios. Sin embargo, lo único que han recibido es la callada como respuesta. «Llevamos años esperando. Nadie mueve ficha. Ni la Junta ni los ayuntamientos se ponen de acuerdo, y los únicos que pagamos somos los profesionales... y los usuarios», lamenta Benavente. «Es importante destacar que no existe ninguna razón que perjudique a vecinos, taxistas o ayuntamientos con el borrador del acuerdo que hemos preparado».

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