El PP presenta las iniciativas parlamentarias acerca del proyecto del trazado de la A-62 a su paso por Arroyo

Los parlamentarios Eduardo Carazo y José Ángel Alonso, acompañados por el senador por Valladolid Alberto Plaza y junto a los concejales del PP en Arroyo de la Encomienda José Antonio Otero Parra y Rubén González, han explicado estas acciones que registrarán en los próximos días transformadas en preguntas por escrito en las que los parlamentarios del PP se preguntan porque el Gobierno no ha contestado a las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Arroyo sobre el trazado del desdoblamiento de la A-62 con un tercer carril a su paso por el municipio, dentro del proyecto más amplio que abarca el tramo entre Cigales y Simancas.

Según los parlamentarios el proyecto que plantea el Ministerio es la ampliación del trazado con un carril más en cada sentido y la modificación de los enlaces con un diseño que, según el concejal José Antonio Otero, portavoz del PP en Arroyo va a fastidiar a los ciudadanos de Arroyo, ya que se eliminaría el acceso desde la flecha al enlace situado junto al barrio vallisoletano de Parquesol y se crearía una glorieta en el enlace con la VA-30 que creará un tapón de tráfico.

Los diputados del PP van a dar traslado al Gobierno de España de la moción aprobada el pasado día 2 en el Ayuntamiento de Arroyo con unanimidad de todos los grupos municipales (IPAE, Ciudadanos, Vox, PP, PSOE y Vecinos por Arroyo).

Esta opción, a juicio de Carazo y Otero, puede ser «incluso más ventajosa económicamente» que el actual planteamiento, ya que llevaría esta importante autovía más allá de los núcleos urbanos del municipio.

José Antonio Otero Parra ha recordado que el Ayuntamiento de Arroyo lleva luchando desde hace años, incluso cuando todavía estaba el Partido Popular en el Gobierno de España, para que cuando llegara este proyecto llegara bien y siempre han pensado que la mejor alternativa en lo social, económico y medioambiental sería la variante, algo que cuanto menos se debería haber estudiado.

Eduardo Carazo, ha concluido manifestando que el Gobierno de España tendría que responder por escrito las preguntas en un plazo de un mes o, como mucho, dos meses, si piden prórrogas. Y en el caso de que no respondan en el plazo indicado se llevaría la pregunta oral a la Comisión parlamentaria correspondiente.