Durante el pleno municipal de Arroyo de la Encomienda correspondiente al mes de octubre, celebrado este pasado miércoles, se debatió, votó y aprobó la retirada de competencias del Pleno Municipal para delegarlas en la Junta de Gobierno. El acuerdo obtuvo el respaldo de la mayoría de gobierno conformada al inicio de la legislatura por IPAE y Ciudadanos más el apoyo puntual, pero constante del representante de VOX, José Ramón Muñoz (nueve concejales en total) frente a los grupos en la oposición PP, PSOE, y Vecinos por Arroyo (ocho concejales).
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La Junta de Gobierno, compuesta exclusivamente por los concejales del grupo de gobierno IPAE-Cs-VOX (5) y presidida por el alcalde Sarbelio Fernández (IPAE), asumirá de esta manera competencias de la máxima importancia con el objetivo, según el concejal y portavoz en el Ayuntamiento de Vecinos por Arroyo-TLP, Antonio Olmo, «de evitar el debate y participación en la toma de decisiones de todos los grupos políticos y con ello la difusión pública de acuerdos de gran trascendencia».
En realidad, la delegación de competencias en la Junta de Gobierno o en la figura del propio alcalde es una práctica mucho más habitual de lo que se pueda suponer en cada ayuntamiento de España, decisión siempre polémica y que genera crispación y controversia entre los partidos de la oposición, sean del color que sean. En Arroyo así sucedió en el turno de palabra de los distintos portavoces, Antonio Olmo (Vecinos), Beatriz Fraile (PSOE), y José Antonio Otero (PP), quienes no dudaron en criticar la decisión pese a que ayuntamientos gobernados por alcaldes de sus mismas siglas también realizan esta misma práctica.
Según denunciaron los tres partidos en la oposición en Arroyo, algunas de estas competencias retiradas al Pleno Municipal son aquellas relacionadas con la contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, concesión de obras, de servicios y los contratos administrativos especiales cuando su valor estimado supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto (1.602.820 euros para el ejercicio 2020 en Arroyo de la Encomienda). También asume la Junta de Gobierno de Arroyo el ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materia de competencia plenaria, así como la aprobación de los precios públicos entre otras funciones y decisiones.
Para Antonio Olmo, concejal de Vecinos por Arroyo-Toma la Palabra en el Ayuntamiento, «la decisión de restar competencias al pleno municipal es un acto de ingratitud, de deslealtad y de traición hacia los grupos políticos en la oposición que en momentos de extrema gravedad por la crisis derivada de la pandemia han sabido estar a la altura política ofreciendo su colaboración, su apoyo y su participación en la toma de acuerdos para el desarrollo y aprobación del plan de recuperación económica y social para Arroyo de la Encomienda». La línea crítica y sentido de las intervenciones de los portavoces de PP y PSOE aplaudieron la exposición de Olmo y se sumaron a su sentido crítico.
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