Las intervenciones policiales se multiplican por ocho en la zona de los pisos okupados de Arroyo

Laura Negro

Valladolid

13/01/2025 a las 16:51h.

El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda ha enviado al Sareb un informe policial de 30 páginas que detalla la situación social en la comunidad 'Arroyovereda', donde la entidad bancaria posee un centenar de viviendas, más de la mitad de ellas okupadas desde hace casi tres años. El documento, solicitado por la propia Sareb, desvela un alarmante incremento de la conflictividad en la zona desde que comenzaron las okupaciones de viviendas a finales de 2021.

El informe refleja un aumento exponencial de las intervenciones policiales en las calles Narciso Monturiol, Arturo Duperier y la plaza de los Premios Nobel. Mientras que antes de 2022 se registraba una media de 15 intervenciones anuales, el número de avisos se disparó a 128 en 2023 y alcanzó 106 en los primeros diez meses de 2024. «La situación es compleja y conflictiva, sin precedentes en otras zonas del municipio», asegura el informe de la Policía Local, que destaca cómo este incremento ha obligado a reforzar los recursos policiales en el área.

El alcalde de Arroyo, Sarbelio Fernández, también ha subrayado que «es evidente que la llegada de estos okupas ha creado un foco de conflicto y no entendemos que el Sareb no quiera verlo. Por ello, desde el equipo de Gobierno siempre nos hemos opuesto a esta legalización de las okupaciones que se pretende llevar a cabo».

Problemas de convivencia y temor vecinal

Sareb había pedido este informe al Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda para conocer la realidad de esta zona del municipio después de que se produjeran las usurpaciones de sus viviendas y ante un escenario en el que la entidad pretende la inclusión de 15 de los okupas en el Programa de Alquiler Social del Sareb, «siempre que esa decisión no fuera un foco de conflictividad», tal como recuerda el alcalde, quien puntualiza que esa era «una condición que se puso sobre la mesa en las reuniones con Sareb, que si había conflicto, no habría alquiler social».

«La Policía Local deja claro en su informe que, efectivamente, la conflictividad ha aumentado por culpa de los pisos okupados, así que no se entendería otra decisión que no fuera continuar con el proceso judicial de desalojo de todos los inmuebles okupados y no dar esos alquileres sociales que pretenden», resume el regidor.

«Nosotros estamos del lado de nuestros vecinos, de los que pagan su hipoteca o su alquiler en 'Arroyovereda', y de todos los que conviven en un entorno que se ha convertido en foco de problemas. Y así se lo hace saber la Policía Local al Sareb. Ahí lo tienen con datos objetivos, la conflictividad ha multiplicado por ocho las intervenciones policiales. Ahora toca esperar a que Sareb y los jueces nos escuchen y

no perpetúen esta situación, que no castiguen a los vecinos de Arroyovereda y a los de todo Arroyo», concluye Sarbelio Fernández.

Otro informe del CEAS

El Ayuntamiento también ha remitido un informe elaborado por el Centro de Acción Social de Arroyo en el que se detalla la situación de cada uno de los 15 casos de okupación que han sido considerados por el Sareb como susceptibles de pasar a su Programa de Alquiler Social.

El documento distingue entre los dos casos de inquilinos que ya residían en la vivienda en régimen de alquiler antes de las okupaciones y que pagaron hasta la quiebra de la inmobiliaria dueña de los pisos; y los casos de «familias que se han trasladado a vivir a dicho inmueble aprovechando la situación y han ocupado las viviendas». Unas personas, estas últimas, que «carecen de arraigo en el municipio» y que en cinco de los casos objeto de estudio ni siquiera «hay constancia de que continúen viviendo en esos pisos o que, al menos, residan allí de manera habitual», según concluye el informe del CEAS Arroyo.