El Ayuntamiento exige a la SAREB que actúe ante la ocupación de viviendas

Ya el pasado 24 de enero, el Ayuntamiento se dirigió a la SAREB y «ante la falta de respuesta, información y actuación por parte de la sociedad gestora», el alcalde ha solicitado una reunión a la subdelegada del Gobierno. El pasado mes de diciembre el alcalde mantuvo una reunión con representantes de los vecinos afectados. «Son familias que han hecho un gran esfuerzo para comprar una vivienda y asentarse en Arroyo y se encuentran que su proyecto de vida se ve truncado por la actuación ilegal de unos y la falta de respuesta de otros», dice Sarbelio

En la citada reunión el regidor se comprometió a reforzar la atención y vigilancia por parte de la policía local (durante el pasado mes de abril se han atendido dos avisos por intento de ocupación) y a requerir la actuación de los propietarios de las viviendas ocupadas. «Se trata de unas 89 viviendas propiedad de la SAREB, sociedad creada por el Estado, que como titular es el único que puede denunciar e iniciar los trámites para el desalojo de los pisos ocupados. Urbanísticamente no contamos con más medios para atajar el problema que requerir la actuación de la SAREB. El pasado 24 de enero les dimos traslado de la situación y requerido su intervención y no hemos obtenido contestación», ha informado el alcalde, quien también se ha referido tanto a los directamente afectados como a los ciudadanos en general, ante la preocupación y sensación de angustia que se genera al percibir que los ocupas actúan con impunidad: «la permisividad e impunidad amparadas por el Gobierno ha provocado un aumento de las ocupaciones ilegales y, lamentablemente, esa situación también ha llegado a Arroyo».

Una moción municipal dirigida al Gobierno

Sarbelio Fernández ha recordado que el Pleno ha aprobado una moción solicitando al Gobierno de España que, entre otras medidas: no se considere domicilio un inmueble ocupado; se reconozca la capacidad jurídica de las comunidades de propietarios para realizar acciones preventivas contra la ocupación y acudir a las autoridades, cuando en ausencia del propietario, los ocupantes realicen actividades prohibidas, incívicas o insalubres; se reconozca la figura del administrador de fincas como denunciante, se facilite el desalojo de las viviendas ocupadas en un plazo de 24 horas o se tipifique penalmente la pertenencia a mafias que se lucran alquilando viviendas ocupadas. En palabras del alcalde de Arroyo se ha desaprovechado la nueva ley de vivienda para abordar seriamente el problema social y de seguridad de la ocupación dando lugar a situaciones en las que «se protege al delincuente», abandonando a propietarios y vecinos.