El Ayuntamiento de Arroyo adapta el control interno de sus acciones y decisiones

Es más, la duración de la sesión se aproximó a los 30 minutos porque en el único punto del orden del día aparte de la aprobación del borrador del acta de la sesión anterior Antonio Olmo formuló una extensa intervención en la que trató de explicar a los presentes que se iba a votar y dio lugar a réplica y contrarréplica. Si no estaríamos escribiendo de un pleno con una duración récor por lo escueto y breve.

El mencionado asunto a tratar abordaba la aprobación del reglamento de control interno del Ayuntamiento de Arroyo. Rafael Velasco, portavoz de Ciudadanos explicó que se trata de una iniciativa de los técnicos municipales para hacer más ágil y eficiente la tramitación y el funcionamiento del Ayuntamiento. Sin embargo, Antonio Olmo, portavoz de Sisepa, advirtió que no tenía carácter voluntario, sino que se trataba de una regulación obligada por Ley, en una extensa exposición en la que aludió al control y fiscalización que pudieron no producirse en el pasado. Beatriz Fraile, portavoz del PSOE, bromeó en el sentido de no poder aportar mucho más a lo dicho por su predecesor en el turno de palabra tras tan exhaustiva alocución.

Tanto José Antonio Otero, portavoz del Partido Popular, como el propio alcalde, José Manuel Barrio, quisieron eliminar toda sospecha de las insinuaciones relazadas por Olmo. Otero explicó que «la fiscalización y el control se vienen haciendo en Arroyo con mucho celo desde el año 1988 por parte de la Intervención Municipal, y me ha dado la sensación que ha querido usted hacer ver que aquí sa ha hecho lo que se ha querido, sin ser así».

José Manuel Barrio fue más tajante con Antonio Olmo. Comenzó señalando que «usted hace preguntas retóricas, que son pura poesía, y como tales no precisan respuesta». A partir de ahí Barrio entró en materia en sentido muy parecido a Otero, «hace ver que aquí IPAE ha hecho lo que ha querido y ofende a los diferentes Interventores y Tesoreros que por aquí han pasado». Añadió no compartir la alocución de Olmo, «ni tiene justificación, porque aquí nunca ha habido nada fuera de la Ley. Todo ha sido fiscalizado, ha habido control y nos hemos sometido a las auditorías internas que han sido necesarias solicitar», concluyó.

El punto se aprobó por unanimidad con el voto favorable de los 17 concejales: En esta ocasión, el presidente de IPAE y concejal sin cargo, Sarbelio Fernández, no hizo uso de la palabra en ningún instante del debate ni del pleno, tras votar en contra de los presupuestos y del conjunto de sus propios concejales en el pleno anterior, correspondiente a los presupuestos del año 2019.

El portavoz de Sisepa había enviado previamente un par de preguntas por escrito que fueron brevemente respondidas por el alcalde. Una aludía a las fechas que manejaba la construcción del instituto de Arroyo. José Manuel Barrio explicó a los presentes que las obras estarán terminadas en mayo próximo y la inauguración se realizará en septiembre de 2019. La otra cuestión aludía al proyecto de la variante de la A-62 a su paso por Arroyo en su intersección con la VA-30, sus conexiones y en qué medida afectará al municipio.

Aquí José Manuel Barrio se explayó algo más y mostró los planos facilitados por el Ministerio de Fomento al respecto. Barrio indicó que se trata del estudio informativo. De las tres propuestas manejadas inicialmente, Fomento se ha decantado por la número dos y apenas afecta a Arroyo, «porque nos daba igual una que otra», señaló el alcalde. Solamente existe la duda para el alcalde en saber qué pasará en la Avenida Miguel Delibes y cómo se cruzará la variante con esta vía, si lo hará de forma aérea o soterrada. Para ello habrá que esperar a ver el proyecto definitivo, matizando que existe un estudio e informe previo del Ingeniero de Caminos que ya elaboró con previsión hace tiempo.

Para finalizar la sesión, Beatriz Fraile, portavoz del PSOE preguntó sobre la partida que había enviado el Estado a Arroyo para los Planes de Prevención de Violencia de Género. Margarita Santos, concejal responsable del área, indicó que son 4.184 euros de los que apenas había tenido conocimiento dos días antes. «Estamos comprobando la fiscalización, ya he mantenido contacto con las trabajadoras sociales, nos reuniremos todos los interesados y tomaremos la decisión de qué línea seguir en este sentido y los comunicaremos públicamente en cuantos sea posible», señaló.