Arroyo se opone a que el Sareb legalice a los okupas a través del alquiler social

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria – una entidad participada en más del 50% por el Gobierno de España – ha explicado su trabajo en la comunidad Arroyovereda para conseguir recuperar los pisos usurpados ilegalmente desde hace más de dos años. Igualmente, se ha analizado la situación convivencial en la zona, de cara a la posible inclusión en el Programa de Alquiler Social del Sareb de alguna familia declarada como «vulnerable económicamente».

En la reunión estuvieron presentes el concejal de Presidencia y Seguridad, el jefe de la Policía Local y la responsable del Centro de Acción Social de Arroyo, que relataron los problemas de convivencia y seguridad que se vienen registrando en esta zona. «Hemos dejado muy claro que el Ayuntamiento se opone a que se legalice a ningún okupa a través de estos alquileres sociales promovidos por el Sareb», tal como apunta Alfonso González Mozo, quien recordó también que el pasado jueves se había aprobado una moción en esta línea, impulsada por IPAE y respaldada por la mayoría absoluta del Pleno. «Los vecinos de Arroyovereda compraron sus pisos en el mercado libre y es intolerable que ahora se concedan allí alquileres sociales a personas que accedieron a esas viviendas por la fuerza, ocupándolas», censura el edil, quien recuerda que «esto puede acabar provocando un 'efecto llamada'». «Se premia al que infringe la ley y se castiga al vecino que se paga su vivienda con su trabajo diario, que son los verdaderos vulnerables aquí».

El Ayuntamiento ha explicado al Sareb que «la convivencia en el entorno de la calle Narciso Monturiol está muy afectada, con frecuentes intervenciones de la Policía Local y con problemas que muchas veces se silencian por el miedo que tienen muchos vecinos a estos okupas». «La comunidad Arroyovereda no necesita alquileres sociales, lo que hace falta es seguir trabajando de la mano de los juzgados y las fuerzas de seguridad para ir desalojando y asegurando esas viviendas para que no vuelvan a okuparse; y que los jueces sean sensibles con esta situación, que no olviden quiénes son los verdaderos vulnerables», concluye.