Arroyo inicia el trámite para recalificar la parcela de la antigua Cartisa

La propuesta fue aprobada por todo el equipo de gobierno actual, compuesto por los siete concejales que fueron en su día de IPAE y abandonaron la formación, más los dos concejales del Partido Popular. En contra votaron todos los concejales de los tres partidos de la oposición, PSOE, Cs y Sisepa, además del presidente de IPAE, Sarbelio Fernández, ocho en total.

Según se explicó en el transcurso de la sesión, se trata del primer paso para cambiar el uso del suelo de la parcela, aunque habrá que esperar hasta el día uno de enero de 2020, cuando sea oficial que Arroyo cuenta con más de 20.000 habitantes para que pueda cambiar su clasificación y se pueda realizar el proyecto previsto.

A partir de ese momento la legislación regional permite construir 75 viviendas por hectárea en base a su habitabilidad. La intención es que la parcela de Cartisa, ubicada enfrente de Hipercor y junto a la subida a La Flecha, pase a ser de uso terciario y residencial, desapareciendo la clasificación de industrial.

Se construirán tres bloques de una altura considerable, de entre 14 y 15 alturas, constituyéndose en una edificación emblemática para Arroyo, muy similar a los bloques que actualmente se están construyendo enfrente del Museo de la Ciencia, en la misma avenida, pero en el término municipal de Valladolid capital. Para ello, además de modificar el PGOU habrá que solicitar autorización especial a la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, pasos que se irán sucediendo, como es obligatorio, en el próximo mandato municipal.

En el debate, los portavoces de la oposición mostraron sus quejas por la ausencia de técnicos municipales en las comisiones previas –por encontrarse ambos de vacaciones–. También señalaron que se pretende limitar el uso, impidiendo que industrias generadoras de empleo puedan asentarse allí. A partir de ahí, el debate, con evidente intención preelectoral, entró en discutir sobre sueldos dignos de los trabajadores de esas industrias, horarios y sueldos de los empleados del comercio de las grandes superficies comerciales, etc. Incluso salieron a relucir los olores de la depuración de Helios, mezclando los argumentos con cuántos empadronados de Arroyo trabajan en sus instalaciones, si se pretende echarlos de Arroyo, qué se considera pleno empleo y argumentos similares. Arroyo cuenta con una tasa de desempleo actual que supera por décimas el 8%, «motivo de orgullo para todos nosotros en los tiempos que corren», señaló el portavoz popular José Antonio Otero.

Otros motivos alegados por parte de los partidos de la oposición para votar en contra se basaron en los compromisos que debería asumir el Ayuntamiento al aprobar el convenio, como tramitar con celeridad el cambio, aportar a sistemas generales y asumir el soterramiento de la línea eléctrica de 45 kilowatios.

Por último, el alcalde de Arroyo, José Manuel Barrio, explicó que el mejor lugar para que se ubiquen las industrias es en el polígono La Encomienda. También explicó que la Avenida de Salamanca debe ser modélica en Castilla y León y que los vecinos no quieren industrias al lado de sus casas, sino espacios verdes, viviendas, parques, jardines, oficinas y comercios. Aclaró que la modificación del PGOU tardará, al menos, un año en cumplimentar el expediente y los plazos.

Sarbelio Fernández, único concejal en la actualidad de Independientes por Arroyo, intervino para tratar de reconducir un debate que se había desviado en exceso, señalando que «el convenio está cogido con pinzas. Propongo que se quede sobre la mesa y decida el próximo equipo de gobierno tras las elecciones», petición a la que se unieron otros portavoces de la oposición.

El alcalde zanjó la propuesta señalando que «se va a votar así, porque quien gobierne en el futuro tendrá tiempo y capacidad para paralizar todo el trámite. No obstante, el secretario municipal enmendó a los portavoces de la oposición señalando que «yo nunca he hablado de condonar nada. Aquí ni se condona ni perdona cantidad u obligación alguna por la conexión a sistemas generales, porque no existen esas obligaciones respecto a esa parcela en concreto», señaló.