Arroyo acogerá dependencias del Ministerio de Justicia

Los siguientes pasos que habrá que realizar a partir de esta aprobación definitiva, son dar cuenta de la cesión gratuita al órgano competente en materia de régimen local de la Comunidad Autónoma, notificar al Ministerio de Justicia-Gerencia Territorial de Castilla y León el presente acuerdo, anotar la cesión gratuita en el Inventario Municipal de Bienes y facultar al Alcalde, Sarbelio Fernández, para que suscriba todas las actuaciones que se deriven del expediente.

Otro de los asuntos del día fue la resolución de las alegaciones y nueva aprobación provisional del PGOU en lo referente a la parcela de la Avenida Salamanca nº 22, antigua Cartisa, en la que se pretenden construir 3 torres de 15 pisos de altura. El concejal de Vox, José Ramón Muñoz, manifestó su intención de abstenerse, igual que ya hiciera el 30 de marzo, «por ser legal y un proceso legítimo de un empresario». Para Antonio Olmo, concejal de Vecinos por Arroyo-Toma la Palabra, quien interpuso alegaciones a este proyecto, «las tres torres no tienen cabida en Arroyo», por lo que votó en contra, y se reservó el derecho a «acudir a los tribunales». Para Beatriz Fraile, del grupo Socialista, el proyecto en cuestión es «un despropósito urbanístico» y votó en contra de lo que para su grupo es «una imagen terrorista con la identidad urbanística de Arroyo. No tienen cabida tres rascacielos en un entorno de casas bajas».

En cambio, el grupo popular, encabezado por José Antonio Otero, se mostró a favor de este proyecto, «que puede dinamizar la zona y puede funcionar muy bien. El informe definitivo es provisional, ya que la última palabra la tiene la Junta. El municipio tiene un crecimiento importante y es probable que llegue a superar los 30.000 habitantes, por lo que puede haber zonas con otro tipo de construcciones». Rafael Velasco, de Ciudadanos y Luis Gago de IPAE, defendieron el proyecto. «Lo que hay que valorar es el carácter estético, que es algo subjetivo. Al final lo que hacemos es dar el visto bueno a un modelo constructivo en esa parcela. El sí definitivo es de la Junta», argumentaron. Finalmente, la propuesta fue aprobada por 12 votos a favor, 1 abstención y 4 en contra.

Otro de los asuntos que se ha tratado en el pleno ha sido la tramitación de un expediente de reconocimiento extrajudicial de un crédito por importe de 61.680,65 euros, para el abono de cuatro facturas de tres proveedores, correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021 y cuya entrada no estuvo sujeta al procedimiento establecido, teniendo lugar un año más tarde. Según explicó la concejal de Hacienda, Mª Ángeles Retamero, «se deben a gastos considerados necesarios para la prestación de servicios a los vecinos de Arroyo de la Encomienda». Recalcó que no hacer frente a los pagos correspondientes a dichas facturas, «implicaría un enriquecimiento injusto por parte del Ayuntamiento, obligando a los proveedores a acudir a la vía judicial, en la que encontrarían una sentencia favorable y el Ayuntamiento sería condenado a pagar las costas y los intereses, lo que redundaría en una reducción de presupuesto en las actividades y servicios que se prestan a los vecinos de nuestro municipio».

El concejal de Toma la Palabra, Antonio Olmo, puso sobre la mesa que las cuatro facturas en cuestión, no son un caso aislado y que «este tipo de gestiones es repetitiva y redundante», por lo que votó en contra. El grupo socialista, al igual que Vox, optaron por abstenerse y que el expediente siga su curso. José Antonio Otero, del Grupo Popular, afirmó que este expediente «es más de lo mismo» y lo achacó a un error del equipo de gobierno. Este grupo votó en contra y alegó «no querer tener responsabilidad ante las consecuencias jurídicas que puedan sobrevenir de este asunto». Desde Ciudadanos se explicó que «las facturas están en esta situación, porque las empresas las han enviado un año tarde y que desde Hacienda se está trabajando en un plan de medidas correctoras». Finalmente este asunto recibió 8 votos a favor, 4 abstenciones y 5 votos en contra.

Se aprobó también de forma provisional, el expediente de modificación de créditos, mediante transferencia de crédito por importe de 80.000 euros. Concretamente se trata de un cambio de partidas, de las obras de mejora del antiguo punto limpio, cuya licitación quedó desierta, a las obras de demolición de la antigua depuradora y construcción del Parque del Panal. Todos los grupos municipales estuvieron de acuerdo en la conveniencia de aprobar la modificación «antes de perder la aportación de la Junta por valor de 80.000 euros. Hubo 11 votos a favor y 6 abstenciones

Se llevó también a pleno una nueva modificación de la Relación de Puestos de Trabajo por creación de 7 nuevos puestos, que son: Técnico Medio de Gestión de Urbanismo, Técnico Medio de Gestión de Ingresos y Tesorería, Técnico Medio de Gestión de Secretaría, Administrativo de Recursos Humanos, Administrativo de Economía y Hacienda, Administrativo de Educación, Cultura y Deportes y Administrativo de Contratación. Plazas, todas ellas, incluidas en la oferta pública de empleo y a cubrir por promoción interna. La modificación es aprobada por los 8 votos a favor del equipo de gobierno y las nueve abstenciones del resto de grupos municipales.

Mociones

En el turno de las mociones, la primera que se trató fue la del Grupo Socialista, que instó al Ayuntamiento a realizar un estudio para la creación de un «mapa del miedo». Todos los grupos municipales se mostraron de acuerdo en buscar soluciones para la seguridad ciudadana y en que la denominación «mapa del miedo», no les parecía la más idónea. Propusieron llamarlo 'Mapa de mejora de la seguridad en espacios públicos de Arroyo', que a todos les pareció adecuado, también al grupo socialista del que partió la propuesta. Quedaron en hacer un sondeo entre los vecinos para averiguar qué calles son las que se perciben como menos seguras «para no trabajar sólo en base a sensaciones, sino con datos efectivos».

La siguiente moción fue presentada por el concejal de Vecinos por Arroyo-TLP, quien propuso proporcionar a los propietarios de los 2.974 perros que hay en Arroyo, un kit de limpieza para las deyecciones líquidas, así como intensificar los controles rutinarios de la policía local, en los que se compruebe tanto el microchip como el registro del animal, así como también un control visual de las deyecciones sólidas y líquidas. Fue Alba Acero, del PSOE quien señaló que «la falta de civismo de muchos propietarios de perros atenta contra el mobiliario urbano, pero tal vez el kit no sea la mejor opción». Ella propuso trabajar en materia de concienciación, con unas jornadas informativas. Otero, del PP opinó que lo más efectivo era «ir más lejos y endurecer las sanciones». Rafael Velasco de Ciudadanos dijo que se trataba de «una moción intencionada, que desvía el foco de la responsabilidad de los dueños de las mascotas a los políticos». En su opinión, el problema está en la concienciación y que «el dinero público no está para gastarlo en kits de limpieza que cada uno se puede hacer de forma manual». Gago, de IPAE, se mostró de acuerdo con él.

El partido Popular presentó dos mociones. La primera de ellas, para instar al Gobierno de España del aplazamiento en la obligación del establecimiento de zonas de bajas emisiones, algo que afecta a todos los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares, así como para los municipios de más de 20.000 habitantes cuando se superen los valores límite de los contaminantes. Muñoz, de Vox, se mostró a favor, aunque en su opinión, «un aplazamiento sería insuficiente, habría que derogar la ley». Olmo, de TLP no quiso entrar en un debate que «no lleva a ninguna parte, por tratarse de propuestas de carácter partidista y dirigidas a administraciones superiores». Dijo preferir «enfocarse en asuntos que atañen a Arroyo de la Encomienda». De la misma opinión se manifestó Velasco Ciudadanos, quien dijo que era un debate infructuoso y que lo mejor era centrarse en aspectos que afectaran al municipio». Fraile, del PSOE, propuso «instalar una estación de medición de calidad de aire en el municipio». A Gago, de IPAE, le pareció «una moción de mucha actualidad, correcta y adecuada». La moción consiguió 13 votos favorables y 4 abstenciones.

La segunda moción del PP iba dirigida a instar al Gobierno de España la no revisión del delito de sedición. «Es tiempo de solicitar al Gobierno y a su presidente que ejerzan lealmente las funciones que tienen encomendadas, actúen en defensa del Estado y de sus instituciones y, por tanto, que no cedan ante las pretensiones de quienes, amparados en la ley, han hecho y hacen todo lo posible por menoscabarla», dijo Alfredo Blanco. El concejal de Vox, Muñoz, opinó que «se trata de un delito de extrema gravedad. El más grave que se puede cometer contra una nación, es romperla». En cambio, Fraile de PSOE, señaló que se trata de un «debate estéril y de una falsa venta de la ruptura de España. No se trata de una concesión al independentismo. El independentismo catalán tiene como objetivo la amnistía». Rafael Velasco, de Ciudadanos y Sarbelio Fernández, de IPAE, mostraron su apoyo a esta moción, «por estar en contra de la modificación de la ley». Finalmente esta moción recibió 13 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.

Más de 22.000 habitantes

Durante los ruegos y prenguntas, el alcalde, Sarbelio Fernández, informó que Arroyo ya supera los 22.000 habitantes y que según el último informe del INE, es de los municipios de España que más creció entre 2011 y 2021 y que es el que tiene la mayor tasa de actividad.