Arroyo aprueba la adhesión de sus taxis a los de la capital

Taxis de Arroyo. /Jota de la Fuente
Taxis de Arroyo. / Jota de la Fuente

Las cinco licencias del municipio pasarán a formar parte de las 474 del Área Territorial de Prestación Conjunta de Valladolid

Jota De la Fuente
JOTA DE LA FUENTEArroyo de la Encomienda

Los cinco taxis de Arroyo de la Encomienda culminarán su total integración al área de prestación conjunta en las semanas que restan para cerrar el año 2017. Desde el día 1 de enero, la integración será plena, en igualdad de condiciones, mismas tarifas, capacidad de recoger y transportar clientes desde cualquier punto y rotulados corporativamente tal cual dispongan las agrupaciones de taxistas de la capital.

En realidad, Arroyo cuenta con seis licencias de taxi adjudicadas desde que iniciaron sus servicios. Una de ellas resultó suspendida temporalmente por problemas técnicos con el adjudicatario, que entró en un litigio administrativo interminable que ha sido solventado con el compromiso del alcalde del municipio, José Manuel Barrio, de extinguir esa licencia, de tal forma que solo se incorporarán las cinco licencias que trabajan en la actualidad.

Este punto urgente se solventó en el pleno ordinario, celebrado esta misma semana, aprobando los trámites necesarios para integrarse en los servicios conjuntos del taxi metropolitano. Junto a las cinco licencias de Arroyo se incorporan también a las 474 actuales de Valladolid capital las licencias de Laguna de Duero, Villanubla y Boecillo -una en cada uno de ellos-, con plenos derechos en el Área Territorial de Prestación Conjunta de Valladolid (ATPCVA). La adhesión se aprobó con los quince votos favorables de IPAE, PP, PSOE y Ciudadanos, con la abstención de los dos concejales de Sí se Puede Arroyo motivada, según explicó su portavoz, por la urgencia en llevar el punto al orden del día del pleno.

La integración será posible, según señala el alcalde de Arroyo, «por el cambio en las condiciones ofrecidas a los taxistas que no son de la capital. Todos pasan a formar parte en igualdad de condiciones. Nuestros cinco taxistas tendrán que cambiar la rotulación de los vehículos para adecuarse al modelo de los de Valladolid». Para José Manuel Barrio, «este es un paso más en nuestro empeño en hacer alfoz, siempre de la mano de los municipios de nuestro entorno y llegando a acuerdos con la capital siempre que convenga a nuestros vecinos. No estamos cerrados a abrir nuevas negociaciones en un futuro inmediato».

Dos sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestimando los recursos interpuestos por el ayuntamiento de Arroyo y otro de la Asociación de Taxis de Arroyo contra la Orden la Consejería de Fomento por la que se establecía el Área Territorial de Prestación Conjunta de Valladolid y su entorno para los servicios de transporte público han terminado de agotar la vía administrativa y adoptar la decisión de aceptar la integración de pleno derecho de las licencias

Los portavoces de los diferentes grupos políticos mostraron su satisfacción por la adhesión porque «ha funcionado la fórmula de sentarse a dialogar y ser coherentes con la propuesta del actual equipo de gobierno de la capital. Dado que con el anterior resultaba totalmente imposible», según Beatriz Fraile, del PSOE. A juicio de José Antonio Otero, portavoz del Partido Popular, «los vecinos de Arroyo mantienen intactos sus derechos, recibirán, si cabe, un mejor servicio, con amplitud de horarios, mayores posibilidades y abaratamiento en las tarifas y en los precios. Hoy en día es esencial sumar e integrar».

El pleno nombró al portavoz del Partido Popular, José Antonio Otero nuevo representante del municipio en la mancomunidad Torozos, toda vez que ya se había hecho efectiva con anterioridad efectiva la renuncia de la que fuera concejal de SISEPA Mónica González, que se vio obligada a presentar su dimisión antes de verano. Hubo hasta seis daciones de cuenta explicadas por el Secretario Municipal.

La única moción del pleno, presentada por Ciudadanos, para el uso del modelo de concurso público como forma de contratación de los servicios jurídicos del Ayuntamiento quedó aplazada. José Manuel Barrio convenció a los dos concejales de la formación naranja del aplazamiento con la promesa de realizar y analizar un estudio de las alternativas a la propuesta y de los costes que podría suponer. Se marcó un margen hasta finales de año para volver a debatirla y votarla.

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